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Rodolfo Walsh

Carta abierta a la Junta Militar

1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el
Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos,
son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de

haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años.

El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno
en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los

que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades.

El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo
desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba
señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva lo
que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de
un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y

agravaron.

Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos
recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por
ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del

pueblo, único significado posible de ese "ser nacional" que ustedes invocan tan a menudo.

Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías
derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y
disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente
prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando

el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.

2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de

desterrados son la cifra desnuda de ese terror.

Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país
virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista,
observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como
necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que

permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.1

Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último
año. En otros miles de casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque
se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que ose presentarlo

después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno secuestrados.

De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el
detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda un ley

que fue respetada aún en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.

La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos,
retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras
de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los
antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los
inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el "submarino",

el soplete de las actualizaciones contemporáneas.2

Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerilla justifica
todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica
en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas
que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y

hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido.

3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la
cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la

madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.

Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos
que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino
para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla mientras en lo interno se
subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a

las acciones guerrilleras.

Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del
Departamento de Policía de La Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en
la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos, 19 tras la
explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en
300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no

tuvieron muertos.

Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces
de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de
esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no
armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas
según la doctrina extranjera de "cuenta-cadáveres" que usaron los SS en los países

ocupados y los invasores en Vietnam.

El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una
evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla
600 muertos y sólo 10 ó 15 heridos, proporción desconocida en los más encarnizados
conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación
clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en
40 acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63

muertos.3

Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato
oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y los
partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de las represalias de
que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la

conveniencia didáctica o el humor del momento.

Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de
Ejército, antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en
Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros cincuenta prisioneros en

variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor.4

El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con
otros siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general
Suárez Masson, revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones
alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en
sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban

como miembros de la Junta de Gobierno.

4. Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que
ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han
trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su magnitud genocida o por el

espanto provocado entre sus propias fuerzas.5

Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas
uruguayas, pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela
de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza,
incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, "con

lastimaduras en la región anal y fracturas visibles" según su autopsia.

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en
el Lago San Roque de Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y

escribió a los diarios que no la publicaron.6

Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San
Telmo el 4 de julio, diez en el Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del
20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas

de Zamora.

En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3
A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares,
de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los
transportes de la Primera Brigada Aérea7, sin que se enteren el general Videla, el almirante
Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes
presiden no es el fiel de la balanza entre "violencias de distintos signos" ni el árbitro justo
entre "dos terrorismos", sino la fuente